En 1996 se produce la quiebra de FSC entrando la empresa en un complejo proceso de liquidación de activos intervenido judicialmente. El conflicto económico derivó en un problema social que afectó a buena parte de la población activa de San Fernando. Los ex trabajadores de FSC se convirtieron en acreedores preferentes y todas las administraciones públicas se involucraron en la búsqueda de soluciones para liquidar el activo principal que eran los terrenos. A lo largo del proceso se alcanzaron acuerdos a nivel autonómico y estatal para alcanzar una salida y liquidar la deuda pública contraída.

El Ayuntamiento de San Fernando agotó todos los recursos para que el suelo quedase ligado a la actividad industrial constatando la inexistencia de propuestas industriales capaces de dar respuesta a la oferta que el plan vigente plantea. Todos los grupos políticos trataron de involucrar a las diferentes administraciones públicas en una actuación que permitiera mantener el suelo industrial. Finalmente, resultó imposible encontrar una solución en este sentido capaz de satisfacer la deuda social. Frente a esta situación, el Ayuntamiento de San Fernando optó por reconsiderar la calificación del suelo. La búsqueda de soluciones giró entonces hacia la recepción de ofertas privadas capaces de satisfacer la deuda. El Ayuntamiento se encontró entonces con que el total de las propuestas recibidas exigían como contraprestación unos parámetros urbanísticos insostenibles para un suelo de naturaleza tan sensible y tan importante para el desarrollo de la ciudad.

Alcanzado este punto, el Ayuntamiento optó por adquirir los terrenos mediante la creación de una empresa de capital mixto. En el año 2000 se creó a instancias del Ayuntamiento la Sociedad de Gestión San Carlos (Sogescar SA) participada por la Empresa Municipal de Suelo y la entidad financiera Unicaja. La obtención de la titularidad del suelo por parte por la administración local introdujo nuevos factores de control a la hora de tutelar el desarrollo del suelo dentro de adecuados coeficientes de edificabilidad. Los terrenos comenzaron a enfocarse hacia un uso residencial diverso dirigido, entre otras cosas, a la resolución de la problemática de vivienda social que se detecta en el municipio. El 2 de mayo de 2001 el Ayuntamiento firmó un convenio urbanístico con la sociedad mercantil mencionada desbloqueando el conflicto. Tras la firma del convenio se cerró el proceso de liquidación de activos y los ex trabajadores pudieron recuperar la masa salarial atrasada y cobrar sus indemnizaciones poniendo fin a dos años de conflicto laboral y a una movilización social en la que se vio involucrada directa o indirectamente buena parte de la población de San Fernando.